Historia de un despojo

Desde hace más de 60 años, el río Atuel, que comienza en la Cordillera de los Andes y cuyo cauce atraviesa las provincias de Mendoza y La Pampa, ha sido cortado por la acción del hombre para el aprovechamiento intensivo de las aguas en la zona cuyana.

 

Telam (08/01/2015) / Por Marisol de Ambrosio

Lo que dejó a los pobladores del oeste pampeano sin agua y consecuentemente, sin posibilidades de desarrollo productivo, lo que obligó al éxodo forzado de las personas que debieron abandonar una zona que hoy es un desierto triste.

En 1947 finalizó la construcción del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles en Mendoza que produjo el definitivo corte del cauce del río en el territorio pampeano, lo que obligó a los lugareños al éxodo forzado, ya que se dio un golpe mortal a la flora, la fauna y el ganado de la región, que por 25 años (hasta una inusual crecida provocada por intensas lluvias en 1973) no vio agua en el cauce por donde pasaba el Atuel.

En ese entonces, La Pampa no era una provincia, sino que era un territorio nacional administrado por Nación, por lo que no tenía capacidad de defensa propia al no tener representantes en el Poder Legislativo, lo que fue determinante en el avance de Mendoza para el aprovechamiento unilateral del río: sin defensa territorial pampeana y el aval de ese entonces de Nación, se avanzó sobre los cortes.

Pero la historia del despojo comenzó casi 30 años antes, cuando se hicieron los primeros taponamientos del río, es decir, acciones paulatinas como la implementación de terraplenes, que comenzaron en 1918 y generaron que los cinco brazos por los que entraba el Atuel a La Pampa fuesen cortados en pos del aprovechamiento de las aguas del lado mendocino.

Estas primeras obras repercutieron sobre la Colonia Agrícola Butaló, que se había fundado en 1908 en el oeste pampeano por una decisión de la Nación, mediante la licitación y venta de tierras del Estado a colonos que se radicaron en el lugar; y quienes durante 15 años vivieron de la agricultura gracias al riego proveniente del río Atuel.

La Colonia, que se constituyó como el primer antecedente productivo importante en la región, dejó de existir cuando los taponamientos del río del lado mendocino impidieron el paso del agua hacia el entonces territorio nacional, pero dejaron la histórica prueba de que el suelo pampeano, si existe un caudal de agua dulce, puede producir materia prima por la riqueza de su tierra.

 

Luego de construirse el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, y al conocer el panorama desolador del oeste pampeano tras una carta enviada por el radiotelegrafista Ángel Garay, el entonces presidente Juan Domingo Perón, a través de la Resolución 50/40 del Consejo de Administración de la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, dictaminó "la entrega periódica del río Atuel a La Pampa, en tres turnos al año, de siete días de duración cada uno, durante los meses de enero, mayo y septiembre, a razón de 15 metros cúbicos por segundo", pero Mendoza aun hoy incumple la resolución.

En 1973, mediante el Decreto 15/60, se estableció que las regalías de Los Nihuiles también pertenecen a La Pampa en un 50% ya que el agua del río Atuel, que es utilizado para la represa, atraviesa los dos distritos; pero Mendoza rechazó una vez más la normativa, por lo que surgieron las protestas populares en la Provincia de La Pampa, no sólo para defender el decreto, sino por la restitución del cauce natural del río.

En ese año se constituyó la Comisión Popular de los Ríos Interprovinciales Pampeanos, que reunió a un amplio espectro de organizaciones sociales, lo que fue el inicio de una lucha que continua aun hoy, más de 40 años después, con las Asambleas en Defensa de los Ríos que existen en varias localidades pampeanas.

En 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló tras la primera demanda iniciada por La Pampa por la restitución del río, y dictaminó que el río Atuel es "interprovincial", y además rechazó el pedido de acción posesoria a La Pampa de las aguas, y exhortó a las partes a hacer acuerdos para hacer uso compartido del recurso.

Pero aunque las negociaciones incluyeron hasta la realización de un Protocolo de Entendimiento Interprovincial en 1989, no hubo correspondencia de Mendoza para planear un aprovechamiento conjunto del Atuel.

Recién en 1992 se firmó un acuerdo entre las dos provincias en el que Mendoza, con financiación de la Nación, construyó un acueducto que permitió otorgarle agua a La Pampa, aunque de un manantial llamado Punta de Agua y no del Atuel, lo que de todos modos resolvió el problema de abastecimiento básico de agua potable en las poblaciones urbanas, en un contexto hídrico crítico en la región.

Pero ante la indudable falta de respuestas e incumplimiento de las distintas normativas judiciales y del Ejecutivo en lo que significa un aprovechamiento democrático de las aguas, en 2008, y por impulso de la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, se firmó el llamado Convenio Marco entre las dos provincias en conflicto, suscripto por sus gobernadores Oscar Mario Jorge (La Pampa) y Celso Jaque (Mendoza).

Dicho convenio se firmó con la intención de realizar un aprovechamiento de las dos provincias del río Atuel, mediante el cual en el que la provincia cuyana se comprometía a realizar obras para la disminución de las pérdidas de agua de un sistema de riego deficiente; y con ello un aprovechamiento posterior en partes iguales: este fue inmediatamente aprobado por unanimidad en la legislatura provincial pampeana; pero Mendoza nunca lo trató hasta seis años después, cuando en abril de 2014 lo rechazó.

Ante la negativa de Mendoza para lograr finalmente el cumplimiento de lo pactado en 2008, la Presidenta impulsó nuevamente el diálogo entre las partes y por ello instruyó al entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, a mediar a fin de llegar a la resolución del conflicto, pero aun así, intervención de la máxima autoridad del Ejecutivo mediante, no se llegó a acuerdo alguno.

Es por eso que el año pasado La Pampa envió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda centrada en los incumplimientos de la provincia cuyana, además de incluir los argumentos de "daño ambiental y social". En octubre, la Corte se declaró competente.

 

 

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